La opinión pública panameña espera condena de Posada Carriles
Finalizar el juicio en Ciudad de Panamá contra los terroristas de origen cubano acusados de intentar asesinar a Fidel Castro
Frank Martin
WDS
Tras finalizar un juicio en Ciudad de Panamá contra cuatro hombres nacidos en Cuba y acusados de preparar un atentado terrorista contra la vida del presidente cubano, Fidel Castro, tanto la opinión pública en Cuba como en el Istmo esperan severas condenas contra los encartados.
En el caso de Panamá, es lo que sugirió una encuesta publicada por el diario La Prensa, de ese país, según la cual alrededor del 51 por ciento de los lectores de su página web quieren que el principal acusado, Luis Posada Carriles, sea sancionado.
Tanto el gobierno como la población de Cuba esperan también que el resultado del proceso contra Posada Carriles y sus cómplices termine con penas que pueden llegar hasta los 20 años de encarcelamiento.
Los cuatro sujetos envueltos en el intento de asesinar a Castro cuando este estaba en Ciudad de Panamá en noviembre del año 2000 para asistir allí a la Cumbre Iberoamericana, son acusados por La Habana de numerosas acciones terroristas.
El criterio cubano es que una exoneración de los acusados se lograría solo en base de manipulaciones y presiones en las que han participado sectores cubanoamericanos anticastristas extremistas destacados en el estado de la Florida y a las que no han sido ajenas las autoridades norteamericanas.
"¡Hoy estamos juzgando lo que el mundo no quiere! Algo que le costó la cabeza a Aznar en España y que a muchos inocentes les costó la vida", dijo en su alegato final el abogado querellante Silvio Guerra, al reclamar "la más ejemplar sentencia que espera el mundo civilizado".
Según Guerra, las explosiones que habían proyectado los encartados habría causado "200 metros de destrucción total por la onda expansiva".
Por su parte, el abogado también querellante, Julio Berríos, dijo que la intención de los cuatro hombres fue "acabar con la dirección cubana y eliminar la izquierda de Panamá".
"Panamá hubiera llorado no cientos de muertos como en España sino las miles de víctimas que habría provocado esa enorme cantidad de explosivos", subrayó.
Además de Posada Carriles fueron juzgados los cubanos Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y César Matamoros, así como el panameño José Hurtado Viveros.
El fiscal primero de circuito, Arquímedes Sáez, pidió que la justicia panameña no tenga clemencia con los acusados y solicitó la pena máxima para los seis.
"Las intenciones de matar a Castro en Panamá, utilizando una carga de explosivos militares durante un acto masivo, se compara con los actos terroristas que se ejecutaron el 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas de Nueva York", dijo Sáez.
"Si ellos (los acusados) no pensaron en contemplaciones con la cantidad de panameños que hubieran muerto en este atentado, entonces la justicia panameña no tiene que tener contemplaciones con ellos al dictarse la sentencia de este caso" precisó el representante del Ministerio Público.
Por su parte, el juez suplente José Ho Justiniani prometió dictar su fallo en el término que le concede la ley, el cual no excederá los 30 días. No obstante, advirtió que existen preceptos legales que le otorgan una extensión de hasta un día adicional por cada 50 hojas de este extenso expediente que contiene más de 20 mil hojas.
Frank Martin
WDS
Tras finalizar un juicio en Ciudad de Panamá contra cuatro hombres nacidos en Cuba y acusados de preparar un atentado terrorista contra la vida del presidente cubano, Fidel Castro, tanto la opinión pública en Cuba como en el Istmo esperan severas condenas contra los encartados.
En el caso de Panamá, es lo que sugirió una encuesta publicada por el diario La Prensa, de ese país, según la cual alrededor del 51 por ciento de los lectores de su página web quieren que el principal acusado, Luis Posada Carriles, sea sancionado.
Tanto el gobierno como la población de Cuba esperan también que el resultado del proceso contra Posada Carriles y sus cómplices termine con penas que pueden llegar hasta los 20 años de encarcelamiento.
Los cuatro sujetos envueltos en el intento de asesinar a Castro cuando este estaba en Ciudad de Panamá en noviembre del año 2000 para asistir allí a la Cumbre Iberoamericana, son acusados por La Habana de numerosas acciones terroristas.
El criterio cubano es que una exoneración de los acusados se lograría solo en base de manipulaciones y presiones en las que han participado sectores cubanoamericanos anticastristas extremistas destacados en el estado de la Florida y a las que no han sido ajenas las autoridades norteamericanas.
"¡Hoy estamos juzgando lo que el mundo no quiere! Algo que le costó la cabeza a Aznar en España y que a muchos inocentes les costó la vida", dijo en su alegato final el abogado querellante Silvio Guerra, al reclamar "la más ejemplar sentencia que espera el mundo civilizado".
Según Guerra, las explosiones que habían proyectado los encartados habría causado "200 metros de destrucción total por la onda expansiva".
Por su parte, el abogado también querellante, Julio Berríos, dijo que la intención de los cuatro hombres fue "acabar con la dirección cubana y eliminar la izquierda de Panamá".
"Panamá hubiera llorado no cientos de muertos como en España sino las miles de víctimas que habría provocado esa enorme cantidad de explosivos", subrayó.
Además de Posada Carriles fueron juzgados los cubanos Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y César Matamoros, así como el panameño José Hurtado Viveros.
El fiscal primero de circuito, Arquímedes Sáez, pidió que la justicia panameña no tenga clemencia con los acusados y solicitó la pena máxima para los seis.
"Las intenciones de matar a Castro en Panamá, utilizando una carga de explosivos militares durante un acto masivo, se compara con los actos terroristas que se ejecutaron el 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas de Nueva York", dijo Sáez.
"Si ellos (los acusados) no pensaron en contemplaciones con la cantidad de panameños que hubieran muerto en este atentado, entonces la justicia panameña no tiene que tener contemplaciones con ellos al dictarse la sentencia de este caso" precisó el representante del Ministerio Público.
Por su parte, el juez suplente José Ho Justiniani prometió dictar su fallo en el término que le concede la ley, el cual no excederá los 30 días. No obstante, advirtió que existen preceptos legales que le otorgan una extensión de hasta un día adicional por cada 50 hojas de este extenso expediente que contiene más de 20 mil hojas.
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